Tras casi dos semanas de insistencia de parte de alcaldes, prefectos y hasta la Asamblea, ayer al mediodía el presidente Rafael Correa decretó el estado de excepción en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Loja, mayormente afectadas por la intensa etapa invernal, que deja hasta el momento al menos 30 muertos, unas 50 mil hectáreas de cultivos perdidos, más de 3.000 damnificados, cientos de evacuados, así como vías y puentes dañados o afectados.
El decreto tendrá una duración de 60 días y destinará recursos para atender las áreas de salud, educación, vialidad, vivienda y agrícola. Ayer mismo, el Ministerio de Finanzas informó que se estaban transfiriendo $ 40,2 millones para los municipios y consejos provinciales de las jurisdicciones que abarca el estado de excepción.
Se dispone además la movilización de las Fuerzas Armadas a las zonas afectadas por el invierno. En el acto de la firma del decreto presidencial estuvo la secretaria nacional de Riesgos, María del Pilar Cornejo, quien en una entrevista con Ecuavisa insistió en que no ameritaba una declaratoria de ese tipo. Refiriéndose a Guayas, el gobernador de esa provincia, Roberto Cuero, también señaló el miércoles que no era necesaria.
Pero prefectos, alcaldes y afectados dijeron estar esperanzados de que este decreto signifique mejorar la atención a los afectados y a la rehabilitación agrícola en zonas inundadas o afectadas por deslaves.
En Manabí, el prefecto Mariano Zambrano consideró que la decisión gubernamental no llega tarde, pese a que ese pedido fue propuesto la semana anterior por la Prefectura. “Esta semana estuvieron ministros aquí y hubo intervención estatal… Este decreto nos permitirá atender institucionalmente a la provincia; tenemos pensado hacer el diagnóstico de lo que está pasando y a su vez presentar las alternativas planificadas de reactivación”, señaló.
En la capital manabita, Rosa Cevallos, cuya casa está casi a la mitad inundada de lodo en la ciudadela Cevallos, manifestó que le parecía extraño que el primer mandatario no declarara un estado de excepción pese a la fuerza del temporal. “Yo creía que el presidente buscaba que se murieran otras personas para recién ahí declarar una emergencia; ojalá que con esta declaratoria puedan ayudarnos a quienes necesitamos reubicarnos”, dijo.
En Chone, ciudad que ha sufrido siete inundaciones en menos de un mes, el alcalde Ítalo Colamarco Vera señaló que el decreto es un acto de justicia. “Lo primordial es que fluyan los recursos y que la obra emergente se haga para evitar mayores desgracias”, señaló el alcalde.
En Guayas, el prefecto Jimmy Jairala agradeció por el decreto. “Mi deber como ciudadano y como hombre de bien es agradecer al señor presidente de la República, porque nos ha dado a organismos, como las prefecturas y los concejos cantonales, una herramienta para poder atender con mayor diligencia todos los frentes que se presentan a diario. Más aún, ese exhorto que fue aceptado y que hoy es un decreto incluye la provisión de recursos”, dijo.
Mientras, en Los Ríos algunos agricultores, como Luis Quevedo, dijeron que para agradecer primero esperarán que se los ayude. Quevedo habita en el recinto Saltadero, uno de los incomunicados de la parroquia Febres Cordero por la caída del puente sobre el río Las Juntas, el 28 de febrero. “Esperamos ser atendidos lo más pronto porque estamos viviendo momentos difíciles al tener que vivir aislados”, manifestó.
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