Un grupo de exempleados del Ministerio de Salud Pública, separado por la
compra de renuncias con indemnización, protestó ayer en los exteriores
de la Dirección Regional de Trabajo, porque aún no se les cancelan sus
liquidaciones.
Los servidores públicos llegaron hasta la dependencia para firmar el
acta de finiquito y recibir sus indemnizaciones, como lo señalaba el
documento que recibieron junto con la acción de personal el día en que
se les anunció la salida de sus puestos de trabajo.
Dayse Rosado, presidenta de la Asociación de Empleados de la Salud,
núcleo del Guayas, indicó que en dicho documento se los citaba para que
el viernes (ayer) realizaran el trámite respectivo, pero no fueron
atendidos y los llamaron para el martes 15 de noviembre.
Las notificaciones entregadas el pasado 28 de octubre a los 2.700
empleados desvinculados del sector público argumentan el cese “en
funciones por compra de renuncia con indemnización (a nombre del
empleado) de conformidad a lo que establece la letra k) del artículo 47
de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) y el artículo innumerado
a continuación del artículo 108 del Reglamento General a dicha ley,
determinado en el Decreto Ejecutivo N° 813”.
Exkart, quien fue despedida tras 28 años de trabajo en el hospital del
niño Francisco de Ycaza Bustamante, indicó que continuarán en las calles
rechazando el accionar del Gobierno. “El presidente (Rafael) Correa
dice que nos saca por corruptos, pero los verdaderos corruptos son
quienes lo rodean y a ellos los ha dejado dirigiendo los hospitales
públicos en el país”, denunció.
La tarde del pasado jueves, durante la posesión de nuevos ministros y
secretarios de Estado, el presidente Correa aseguró que si le demuestran
que hubo errores en el proceso de compra de renuncias obligatorias, “se
corregirán”.
Aclaró que la aplicación del Decreto 813, que dispone esta figura de
compra de renuncias obligatorias, se esté intentando meter gente de
Alianza PAIS.
El 12 de julio pasado se publicó en el Registro Oficial el Decreto
Ejecutivo 813 en el que se agrega un capítulo innumerado al artículo 108
del reglamento expedido en abril y en él se indica que “las
instituciones del Estado podrán establecer planes de compra de renuncias
obligatorias con indemnización, estas comenzaron a hacerse efectivas
desde el pasado 28 de octubre.
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